Quito, DM, 3 de abril de 2020

1.480 bultos de material mineralizado, tres bocaminas deshabilitadas y seis personas detenidas son el resultados de seis operativos emergentes para combatir la minería ilegal que realizó la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), junto con la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, durante los primeros 16 días del Estado de Excepción.

El primer control emergente fue de transporte de minerales en carretera, se ejecutó la noche del 17 de marzo de 2020, en el sector Chorlavi, provincia de Imbabura. En este control, se verificó la legalidad del transporte de 600 bultos de material mineralizado. La ARCOM vigila que los minerales transportados en las vías y carreteras del país correspondan a fuentes lícitas de explotación.

En atención a una denuncia ciudadana, se realizaron dos operativos el 19 y 23 de marzo, en la parroquia Pacto, provincia de Pichincha. Además, con base a información investigativa, se desplegaron dos operativos de control en la parroquia Larama, provincia de Loja, el 20 de marzo y el 1 de abril de 2020.

Finalmente, tras recabar información de inteligencia, junto a agentes de la Unidad de Investigación de Delitos Mineros y efectivos de las FF.AA, se realizó un operativo en la parroquia la Merced de Buenos Aires, provincia de Imbabura, donde seis personas fueron detenidas y puestas a órdenes de las autoridades judiciales.

Como resultado de estos operativos, se inhabilitaron tres bocaminas (ingresos de mina) de labores de explotación de minerales metálicos (oro), dos en Pacto y una en Larama; también se decomisaron equipos y herramientas utilizadas en minería ilegal.

Además, se mantienen en custodia, 1.480 bultos de material mineralizado (asociado al oro), sujetos a decomiso, bajo el siguiente detalle:

La ARCOM mantiene activados grupos operativos en todo el país para realizar acciones de control y monitoreo, en articulación permanentemente con la Fuerza Pública. La Agencia, a través de sus nueve Coordinaciones Regionales, desplegadas en todo el país, continuará ejecutando las acciones necesarias para impulsar el uso y aprovechamiento responsable de los recursos mineros en todo el territorio nacional.

La Ley de Minería, en su Art. 57 establece que “Los bienes, maquinaria, equipos, insumos y vehículos que sean utilizados en actividades ilegales o no autorizadas de explotación, beneficio o procesamiento, fundición, refinación y comercialización clandestina de sustancias minerales, serán objeto de: decomiso especial, incautación, inmovilización, destrucción, demolición, inutilización o neutralización, según el caso”.

Y agrega que las personas responsables de estas actividades serán sancionadas con multa “de doscientas a quinientas remuneraciones básicas unificadas dependiendo de la gravedad de la infracción, sin perjuicio del pago de un valor equivalente al total de los minerales extraídos ilegalmente, así como de la obligación de restauración de los ecosistemas e indemnización a las personas y comunidades afectadas”.